TRAS SUPERVISAR EL ANTEPROYECTO, ANTICIPA LA NEUTRALIDAD DE EMISIONES PARA ANTES DE 2050, INCORPORA MÁS MEDIDAS EN FAVOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y REVISA EL CATÁLOGO DE SANCIONES

«Euskadi es una parte muy pequeña de un problema enorme» reconocía Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente, hace apenas un mes durante una sesión de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid (COP25). A pesar de ese hecho, la comunidad vasca trata de buscar y aportar soluciones desde su modesta dimensión. Ahí está como ejemplo la futura Ley de cambio climático que durante los últimos meses ha sido reformulada para ganar en ambición.

Si las previsiones no se tuercen se espera remitir el texto definitivo al Parlamento Vasco dentro de este primer trimestre, tal y como confirmaba a DEIA Aitor Zulueta, director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno vasco. La urgencia por dar un empujón a la acción institucional en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de involucrar en esa decisiva tarea a sectores como la industria, la banca, la vivienda, el comercio, el turismo, la energía o el transporte serán todas ellas, por separado y en conjunto, piezas imprescindibles durante la próxima década para poder afrontar con garantías la transición hacia un escenario bajo en emisiones de carbono.

Ese es, precisamente, el mayor desafío que tiene por delante Euskadi, incapaz de quitarse esa gran espinita que tiene clavada con el transporte privado por carretera. Por eso mismo, la recta final del pasado año fue decisiva para redoblar la apuesta de la Administración vasca por la descarbonización del parque automovilístico, principalmente, pero también de una realidad industrial caracterizada por la dependencia energética.

Los foros de debate abiertos a mediados de julio de 2019 en varios puntos -Bilbao, Donostia, Gasteiz y Eibar-, las aportaciones recogidas en los mismos -de la esfera empresarial, local, institucional, ciudadana y de agentes del conocimiento- y la cascada de argumentos científicos promulgados a nivel mundial han acelerado la adecuación, el reajuste y, en definitiva, el enriquecimiento del contenido de esa futura Ley vasca de Cambio Climático.

CONTRIBUIR AL CAMBIO Fruto de ese proceso participativo y de los análisis de las alegaciones y observaciones recibidas se ha modificado la mitad del primer documento de trabajo. Una de las mayores novedades introducidas sobre ese texto tiene que ver, precisamente, con la reducción de emisiones contaminantes: se sugería alcanzar el 80% para 2050 y el documento que próximamente verá la luz apunta a la total descarbonización para esa misma fecha, como ejemplo de esa visión más comprometida del Gobierno vasco. También lo confirmaba Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco, cuando subrayaba que «estamos estableciendo el marco normativo para conseguir la neutralidad en carbono como muy tarde en 2050».

El órdago lanzado es considerable. Y no se queda ahí ya que esa Ley vasca despliega un rosario de principios y orientaciones para que las administraciones públicas incorporen la variable ambiental y climática a todos sus planes sectoriales: transporte, vivienda, medio ambiente, industria, educación, innovación, planificación urbanística y territorial,? Y como cerca del 80% de las medidas a impulsar en torno al cambio climático -ya sean de mitigación o de adaptación- deben ser adoptadas en el ámbito local o regional, Euskadi quiere seguir manteniendo el liderazgo con una normativa pionera basada en la responsabilidad compartida por las instituciones, la sociedad y la industria.

Se habla de promocionar la movilidad sostenible -el sector público deberá liderar la transformación hacia la electrificación-, de constituir una Oficina Vasca de Cambio Climático -para dar apoyo y soporte a las instituciones en materia de medio ambiente y cambio climático-, de crear un registro de actividades de absorción de CO2 -que además de contribuir a esa reducción de emisiones también servirá para bonificar a quienes lo hagan bien-, de resiliencia, de gobernanza,? Pero también se plantean hechos reales y prácticos porque como ha expresado Elena Moreno en alguna ocasión: «Es urgente trasladar a nuestra vida cotidiana un cambio de hábitos. Como gobernantes debemos ofrecer herramientas y ejemplos a la ciudadanía».

PLANES LOCALES Y VPO De hecho, las tres diputaciones forales y todos los municipios de la CAV con más de 5.000 habitantes deberán tener planes de acción en materia de cambio climático alineados con la futura Ley vasca. Y en un par de años también se les pedirá que dispongan de un plan de movilidad sostenible urbana que promueva la reducción de emisiones. Y los que tengan menos población, pero por las razones que sean se estime necesario que también dispongan de una hoja de ruta, tendrán un documento marco que seguir facilitado eso sí por el Departamento de Medio Ambiente. La energía, la movilidad, la alimentación, los modos de producción, la salud y los cuidados, la vivienda y el diseño urbano, los ecosistemas,? «La emergencia climática -subrayó Iñaki Arriola en el transcurso de la COP25- nos obliga a cambiar de dirección en marcha y a modificar simultáneamente nuestras pautas culturales y de consumo». Un caso práctico: todas las VPO de nueva construcción deberán disponer de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Otro de los puntos novedosos integrados en ese futuro marco normativo es el régimen sancionador «relacionado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas» de la Ley vasca de Cambio Climático, apostillaba Uriarte. De hecho, la Autoridad Vasca de la Competencia recomendó la inclusión expresa en el articulado final de que las empresas sancionadas por delitos o faltas administrativas muy graves contra el medio ambiente no puedan contratar con las administraciones públicas y, que las sanciones firmes por infracciones muy graves en materia medioambiental sean publicadas en el BOPV. Así se daría debida respuesta a la histórica demanda social de Quien contamina, paga -asumida en los últimos años por compañías tan relevantes como Iberdrola- y de paso la imagen corporativa se vería perjudicada. Las multas irían desde los 250.001 euros hasta los 2.500.000 euros y la posible clausura temporal e incluso definitiva de la empresa en cuestión.

Con todo, tal y como ilustraba Aitor Zulueta, director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, se trata de una normativa novedosa a nivel de Comunidades «sobre todo por su carácter marco y su capacidad de adaptación a todos los cambios normativos futuros. Tampoco hay una Ley con mayor ambición, con la neutralidad en carbono para 2050, y totalmente alineada con el New Green Deal [Nuevo Pacto Verde] presentado por la Comisión Europea en el marco de la COP25. A su vez, esta Ley, por su estructura, podrá adaptarse totalmente a la que va a ser la herramienta fundamental de gobernanza climática en Europa durante las próximas décadas: los Planes Nacionales Integrados Clima Energía (PNICE). Con esa visión se ha diseñado todo el proceso de redacción y tramitación», indicaba.

Una perspectiva que, además, permitirá que la norma vasca no pueda ser recurrida por el Gobierno español. No en vano, se ha buscado «la confluencia total» con los objetivos y políticas de acción climática de la Comisión Europea que con posterioridad son trasladadas a la legislación estatal. De hecho, no se descarta que la Ley vasca de Cambio Climático sea aprobada al mismo tiempo que la española.

Fuente: deia.eus