A partir de enero de 2023, respondiendo a la Ley de Cambio Climático y Transición energética aprobada en 2021 por el Gobierno, las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes (149 municipios) y las que tengan más de 20.000 habitantes y tengan serios problemas de contaminación estarán obligadas a contar con una Zona de Bajas Emisiones. Se trata de áreas delimitadas dentro de las ciudades donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y así conseguir una mejora de la calidad del aire.

Con esto, el gobierno pretende que las entidades locales definan objetivos medibles y cuantificables de cara al año 2030 para reducir las emisiones y los gases de efecto invernadero. Se espera que para 2050 haya vehículos sin emisiones directas de CO2 dentro de estas ciudades. Por lo tanto, sigue el rastro del Acuerdo de Paris de 2015, donde se fijaron objetivos mundiales de descarbonización.

Los ayuntamientos de estas ciudades podrán poner las restricciones que consideren adecuadas para mejorar la calidad de aire. Acumulan alrededor de 11 millones de automóviles, de los que una gran parte tendrán prohibiciones de circular o aparcar. El foco estará en los cuatro millones de coches de gasolina (matriculados antes del año 2000) y de diésel (matriculados antes de 2006), que no tienen etiqueta medioambiental (etiqueta A).

Las Zonas deberán estar operativas e ir acompañadas de acciones como fomentar el transporte público e impulsar la movilidad eléctrica pública y privada. Para que los municipios implanten estas zonas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado un plazo de 18 meses.