En España se tiran 1.364 millones de kilos de alimentos a la basura al año, una media de 31 kilos por persona. Para evitar este despilfarro de comida, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Dentro de esta norma, los agentes de la cadena alimentaria están obligados a elaborar un plan de prevención para impedir el desperdicio, en los que se debe jerarquizar el uso que se da a los alimentos antes de llegar al vertedero, siendo el consumo humano mediante la donación a entidades como los bancos de alimentos el método prioritario. Si esto no es posible, los alimentos se transformarán en otros productos como zumos o mermeladas o servirán para la alimentación animal. Como última alternativa, se utilizarán para la elaboración de subproductos industriales y el reciclado para obtener compost.

Además, las empresas tendrán que informar anualmente cuánto desperdician y deben impulsar la venta de productos con fecha de caducidad próxima mediante precios inferiores. Además, los restaurantes deberán notificar a los comensales que pueden llevarse sus sobras y las empresas.

En esta nueva normativa se consideran sanciones para supermercados, restaurantes o bares que no cumplan con esta legislación. Las sanciones oscilan entre 2.001 y 60.000 euros para las infracciones más graves. En caso de reincidencia, la multa puede llegar a medio millón de euros.